La denuncia del comunicador Danny Alcántara sobre presuntos despidos masivos en la Cancillería colocó el foco en el costo institucional de los cambios internos y en la falta de respuestas sobre el trato que, según los afectados, estarían recibiendo empleados de esa dependencia. Alcántara afirmó haber recibido “más de 10 o 12 llamadas” de personas que se identifican como miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), inconformes por cancelaciones y por la forma en que se estarían produciendo.
Como respaldo, presentó un audio de una persona cuya identidad no fue revelada, en el que se denuncia un supuesto “atropello” y se cuestiona que “están sacando a todo el mundo”. En ese testimonio también se critica el modo en que, según esa versión, se ejecutan las desvinculaciones: “¿Y cómo es que sacan a uno como que uno es animalito?… Su propio partido haciendo… cometiendo maltrato”. La mujer sostiene además que a algunos empleados se les estaría obligando a firmar documentos relacionados con su salida.
Alcántara vinculó las quejas con los recientes cambios en la Cancillería y señaló que quienes lo contactaron aseguran tener varios años trabajando en la institución. Aunque reconoció que en las transiciones suele entrar personal de confianza, insistió en que, de acuerdo con los denunciantes, lo que ocurre “va más allá de los cambios habituales de personal”. La situación proyecta un contraste entre la gestión partidaria y las denuncias de maltrato dentro del propio aparato estatal, en un momento en que el gobierno dominicano y el PRM quedan expuestos a mayores demandas de fiscalización y rendición de cuentas sobre sus decisiones administrativas.