La decisión de Mario Díaz de rechazar el aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago volvió a colocar sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa buena parte de la flota y sostiene subsidios para el sector, ¿qué base existe para cargar un nuevo costo sobre la población?
El dirigente sindical objetó el incremento anunciado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que en la situación actual no hay sustento técnico, económico ni financiero para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su señalamiento también deja ver una tensión que va más allá de Santiago: la brecha entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente impidan abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte continúa recibiendo apoyo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese escenario, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros golpearía de forma directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen cada día del transporte público.
También llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y planteó diálogo y concertación con las autoridades. El episodio, sin embargo, deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así aparece presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, pedir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se suponía debía contenerse.