SANTO DOMINGO. – La denuncia del empresario Odanis Grullón por el desalojo y la destrucción de su establecimiento “Navío Bar & Seafood”, en la playa de Pedernales, pone bajo la lupa la actuación de las autoridades encargadas del operativo. Según relató, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) llevaron a cabo la intervención de forma presuntamente irregular, aunque afirma que el proyecto contaba con permisos legales y con una sentencia judicial que suspendía provisionalmente la medida.
Grullón explicó que su iniciativa turística se desarrolló desde 2017 y que completó los procedimientos correspondientes ante distintas instituciones del Estado. Señaló que obtuvo autorizaciones de la alcaldía de Pedernales, permisos medioambientales y no objeciones de organismos vinculados al control marítimo y territorial, por lo que el caso vuelve a poner sobre la mesa la coherencia entre los trámites aprobados por el propio Estado y las acciones posteriores de sus organismos.
De acuerdo con su versión, el operativo del pasado martes fue encabezado presuntamente por el director del SENPA, sin orden judicial ni la presencia de representantes del Ministerio Público. Añadió que, luego de recibir una notificación de desalojo del Ministerio de Medio Ambiente, acudió a los tribunales y obtuvo una decisión que suspendía la ejecución. La denuncia, ofrecida en “El Nuevo Diario en la Tarde”, aumenta la presión para esclarecer si hubo violación de garantías y uso irregular del poder en un caso con impacto sobre la confianza en la gestión pública en Pedernales.