Agentes de policía agredidos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 acudieron a un tribunal federal en Washington para intentar frenar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear un fondo de 1,800 millones de dólares para ayudar a víctimas de «guerra judicial». En la demanda, el exoficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana Daniel Hodges califican la medida como un «acto de corrupción presidencial» y sostienen que busca favorecer a personas que organizaron y participaron en los disturbios.
El recurso plantea además un choque directo con los límites institucionales sobre el uso del dinero federal. Según la acción judicial, el fondo anunciado por Trump viola la prohibición de la 14ª Enmienda de emplear recursos públicos para «pagar cualquier deuda u obligación contraída en apoyo de una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos».
La controversia se agrava porque el fondo está destinado a compensar a aliados de Trump que, según él, fueron víctimas de abusos por parte de la fiscalía, en medio de alarmas por un posible uso partidista de la Justicia. Entre los demandantes figuran dos de los agentes más conocidos que enfrentaron a los alborotadores aquel día: Hodges, cuya imagen quedó marcada por el momento en que era aplastado por manifestantes, y Dunn, quien luego testificó que recibió numerosos insultos racistas.