El Gobierno de Cuba dijo que acudirá el próximo 7 de julio a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para denunciar lo que considera una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países con el fin de impedir cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. La acusación devuelve al primer plano el uso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según La Habana, ya está perjudicando directamente a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense está aplicando “presiones inéditas” mediante “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para frenar esa denuncia en Naciones Unidas. Días antes, había adelantado que Cuba expondrá en esa sesión lo que califica como “acciones agresivas” de EE.UU., al sostener que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
Uno de los ejes de la presentación cubana será el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, provoca “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese señalamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política deriva en un deterioro de las condiciones de vida, la discusión deja de ser retórica y pasa a exigir rendición de cuentas sobre sus efectos concretos.
Rodríguez también afirmó que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, intenta justificar acciones que, según dijo, causan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese marco, la sesión solicitada por La Habana se perfila como una prueba para la comunidad internacional, no solo ante la denuncia cubana, sino frente a la presión sobre los mecanismos multilaterales y el contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias que se atribuyen a esa estrategia.
El canciller sostuvo además que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de esa previsión, la cita en la ONU vuelve a poner sobre la mesa una advertencia institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que pagan las sociedades.