La entrada en vigor del nuevo Código Penal coloca al sector construcción ante una presión adicional al incorporar responsabilidades para las personas jurídicas y elevar el nivel de exigencia sobre la prevención de riesgos legales en las empresas. Durante una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), especialistas señalaron que el ajuste obliga a revisar procesos internos, mecanismos de supervisión y políticas de prevención.
El doctor en Derecho Miguel Valerio afirmó que el nuevo marco ya no se limita a conocer la ley, sino que impulsa a las empresas a poner en marcha una gestión de cumplimiento capaz de proteger a las organizaciones, a sus directivos y a sus colaboradores. Su planteamiento refuerza una alerta institucional: la adaptación no puede quedarse en el discurso, sino materializarse en controles efectivos para reducir la exposición penal en una actividad de alto impacto económico y social.
Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, expresó que comprender el alcance de las nuevas disposiciones será decisivo para que las empresas se ajusten con mayor seguridad al marco jurídico. La jornada incluyó además el panel “Nuevo Código Penal y sector construcción”, en el que participaron Tania de León y John Seibel, en una discusión centrada en responsabilidad penal y gestión de riesgos, un tema que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en sectores clave.