El Gobierno de Colombia anunció que el Fondo Milagro, creado para atender los daños del terremoto del 10 de agosto, empezó a operar con 624.656 millones de pesos, unos 196,1 millones de dólares, obtenidos a través de un crédito del Banco Mundial. La puesta en marcha del mecanismo vuelve a centrar la atención en el manejo de los recursos públicos y el financiamiento externo en medio de una emergencia cuyo balance, más allá de la respuesta oficial, dependerá de resultados concretos en vivienda, infraestructura y reactivación económica.
En una visita a Pereira, una de las ciudades más golpeadas, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la “verdadera prueba” no era únicamente la presencia del Gobierno en los territorios, sino reparar viviendas, recuperar infraestructura, respaldar a quienes perdieron su actividad económica y permitir que las familias retomen gradualmente la normalidad. A esos fondos ya activos se agregan 377.000 millones de pesos para apoyos económicos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mientras que para noviembre se anunciaron otros 826.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda para mejoramientos y viviendas nuevas urbanas y rurales, además de 2,7 billones de pesos en facilidades tributarias.
El mandatario también señaló que el Fondo Milagro administra recursos públicos y créditos de la banca multilateral, pero no las contribuciones del sector privado, que superan un billón de pesos y seguirán bajo control de empresarios y sus fundaciones, aunque con proyectos definidos junto al Gobierno y sujetos a seguimiento oficial. Esa división en la gestión de los recursos refuerza la exigencia de fiscalización sobre la ejecución, en un escenario en el que el discurso de respuesta tendrá que contrastarse con el impacto real sobre las familias afectadas.