Nueve meses después de los primeros arrestos, el Ministerio Público activó una nueva fase del caso Senasa con 28 apresamientos dirigidos a médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas señaladas como parte operativa del supuesto entramado que habría defraudado a la ARS estatal Senasa por unos 15,000 millones de pesos. La operación incluyó 37 inmuebles intervenidos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, en un despliegue de 45 fiscales y 200 agentes de la Policía.
La nueva ofensiva judicial reabre el foco sobre la capacidad de control alrededor de una aseguradora estatal y sobre el tiempo transcurrido entre la primera fase del expediente y esta versión 2.0. Los detenidos fueron interrogados en la Procuraduría y luego trasladados a la cárcel del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva, para continuar este sábado con el proceso. El Ministerio Público informó que ocupó dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, aunque todavía no ha revelado los nombres de los 28 apresados. En la sede de la Procuraduría, familiares y abogados buscaban información sobre los arrestados, en medio de cuestionamientos por el manejo del procedimiento. Pedro Botello, defensor de una de las detenidas, dijo que su clienta era un «chivo expiatorio» y se quejó del trato recibido.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante un presunto fraude de gran escala en un servicio público sensible, con presión renovada para que las autoridades ofrezcan resultados verificables y rendición de cuentas más allá del anuncio de operativos.