CARACAS.– La arremetida verbal de Diosdado Cabello contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, puso en primer plano un asunto delicado después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: la disputa entre el control político de la ayuda y la exigencia de rendir cuentas sobre insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
El ministro de Interior negó que la ayuda humanitaria remitida desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y tachó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), criticó que se colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para verificar su ubicación y habló de una supuesta campaña orientada a sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La versión que dio Mizrachi apuntó en la dirección opuesta: explicó a EFE que el rastreo pretende permitir que se rindan cuentas a los ciudadanos que donaron la asistencia enviada a Venezuela dentro de un “esfuerzo masivo”. La Alcaldía de Panamá participó en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había enviado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
De acuerdo con el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de disipar las dudas, subraya el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, busca precisamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una alerta institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una respuesta airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos con impacto directo en la población afectada.