La crisis boliviana alcanzó este lunes un nivel de máxima tensión con miles de indígenas, campesinos y sindicalistas concentrados en La Paz después de más de 30 días de caminata desde el altiplano para exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. Con el centro histórico militarizado y la plaza Murillo bajo un fuerte resguardo, el deterioro del escenario político quedó además sellado por la confirmación de una cuarta muerte desde que comenzaron las movilizaciones.
En los accesos al Palacio de Gobierno, policías y militares recurrieron a gases lacrimógenos para frenar el avance de la protesta, mientras el conflicto se trasladaba también al plano judicial. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien el Ejecutivo atribuye instigación pública a delinquir y terrorismo.
Desde la COB, la decisión fue presentada como una «persecución judicial» contra la dirigencia sindical. Argollo sostuvo que intentan «acallar» a los líderes de la protesta y ratificó el paro indefinido, en un escenario en el que los bloqueos mantienen aisladas a La Paz y El Alto. Paralelamente, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó la muerte de Alberto Cruz Chinche, dirigente campesino de los Ponchos Rojos, en un episodio que, según la versión oficial, ocurrió de forma accidental. Entre represión, judicialización y víctimas, la crisis deja al descubierto un cuadro de desgaste institucional y de respuestas oficiales bajo creciente escrutinio.