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BID señala que la competencia requiere instituciones sólidas y voluntad política

mayo 19, 2026 · Redacción
BID señala que la competencia requiere instituciones sólidas y voluntad política
Foto: eldinero.com.do

Más competencia implicaría menor costo de vida; más crédito y empleo, pero el organismo advierte que sin recursos, independencia y capacidad real las entidades no pueden cumplir su mandato.

Impulsar la competencia económica no fue planteado únicamente como una meta técnica, sino como una necesidad con efectos directos sobre el costo de la vida, el acceso al crédito, la innovación, la productividad y la creación de empleos. En la presentación del informe “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, Nathalie Alvarado, afirmó que si América Latina y el Caribe alcanzaran niveles de competencia semejantes a los de economías avanzadas, el producto interno bruto (PIB) regional podría crecer un 11% y la desigualdad disminuir un 6%.

El planteamiento del BID también dejó una advertencia institucional sobre la mesa: para que esos beneficios se concreten se necesitan reformas eficaces respaldadas por evidencia, instituciones sólidas y voluntad política. Alvarado citó avances observados en telecomunicaciones, pagos digitales y compras públicas, ámbitos en los que se han registrado reducciones de precios, una transformación en el acceso a servicios financieros y ahorros en bienes esenciales, aunque insistió en que todavía persisten barreras que deben corregirse.

Entre los elementos que favorecen una mayor competencia, mencionó la integración de mercados, una infraestructura que conecte regiones, regulaciones armonizadas y procesos más ágiles. Además, llamó a revisar las normativas que limitan el crecimiento y a fortalecer las instituciones encargadas de promover la competencia. “Una entidad sin recursos, sin independencia y sin capacidad real no puede cumplir con su mandato”, subrayó, en un mensaje que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad real del Estado para convertir ese potencial en bienestar para la población.