La desaparición de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, terminó convertida en un crimen que ha generado indignación en Colombia y volvió a poner en cuestión la capacidad de las autoridades para frenar este tipo de operaciones ilegales. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la mujer fue asesinada y descartó que se tratara solo de un caso de mala praxis médica. La Fiscalía indicó que un cuerpo hallado en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, presenta características que coinciden con las de la mujer de 52 años, desaparecida desde el 13 de mayo luego de practicarse una lipólisis láser en Beauty Láser Medicina Estética, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación legal.
La presión pública creció después de la circulación de videos en redes sociales en los que se observaba a la víctima en aparente estado crítico tras el procedimiento. Familiares denunciaron que presentaba dificultades para respirar y signos de desorientación, mientras testigos dijeron haber visto a varios hombres sacarla inconsciente del local y subirla a un vehículo. El caso se amplió además por la información de que, desde la noche de la desaparición, las autoridades manejaban datos que apuntaban a que había sido trasladada fuera de Bogotá.
La investigación avanzó cuando el automóvil en el que habría sido transportada fue localizado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Allí fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos señalados de ocultar pruebas, pero ambos recuperaron la libertad por fallas en el procedimiento judicial, aunque siguen vinculados al caso. Mientras continúan las búsquedas de otros presuntos responsables del centro estético ilegal, el expediente deja abiertas dudas sobre los controles previos, la respuesta institucional y los errores que terminaron debilitando una fase clave del proceso.