La Asociación Dominicana de Agronegocios (ADA) respaldó la ley que hace permanente la exoneración al agro, al considerar que la medida aporta seguridad jurídica al sector. Sin embargo, más allá del aval gremial, el anuncio abre la necesidad de evaluar con datos su efecto real sobre la inversión, la producción y el abastecimiento de alimentos.
El apoyo de ADA se inscribe en una discusión de alto interés público, porque una exoneración permanente implica también revisar su costo fiscal, los mecanismos de seguimiento y la forma en que el Estado verificará que el beneficio se traduzca en mayor fortaleza productiva.
Hasta ahora, la información disponible no permite concluir por sí sola que la permanencia del incentivo garantice mejores resultados para el campo. Por eso, el punto central para el debate no es solo la aprobación o respaldo de la medida, sino la transparencia con que se mida su impacto y la rendición de cuentas sobre sus efectos en el tiempo.
En ese marco, la seguridad jurídica que destaca el gremio debe contrastarse con indicadores verificables de inversión, productividad y abastecimiento, para establecer si la política pública cumple el objetivo de fortalecer el sector agropecuario o si requiere ajustes posteriores.