La muerte de ciudadanos en actuaciones policiales, entre ellos el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, volvió a situar al Gobierno frente a una demanda de resultados que ya no se satisface con anuncios. Por eso, el presidente Luis Abinader pidió al Congreso Nacional aprobar “lo antes posible” la reforma policial que el Poder Ejecutivo depositó hace ocho meses, en medio de una consternación nacional que ha puesto bajo examen la capacidad oficial para frenar los abusos.
En una entrevista con los periodistas José Monegro y Edith Febles, Abinader insistió en que estos hechos confirman la necesidad de profundizar la reforma de la Policía Nacional y defendió que la iniciativa daría un marco institucional más moderno y reforzaría las garantías de los derechos ciudadanos. Sin embargo, el llamado presidencial también deja a la vista que, pese al discurso de transformación, el proyecto sigue sin convertirse en una respuesta efectiva mientras continúan apareciendo casos graves.
El mandatario dijo además que el Gobierno ha respaldado la actuación independiente del Ministerio Público en cada caso de presunto abuso policial, con la finalidad de que los responsables respondan ante la justicia. Esa postura vuelve a colocar el foco sobre la rendición de cuentas de las instituciones y sobre la necesidad de vigilancia de la sociedad civil frente a una crisis que no admite más demoras entre promesas, trámites legislativos y resultados pendientes.
Abinader enumeró también avances en la Policía Nacional, entre ellos aumento salarial, ampliación de cobertura médica, fortalecimiento de la formación e incorporación de capacitación en derechos humanos. Aun así, el hecho de que esos cambios convivan con muertes en actuaciones policiales refuerza la alerta institucional: el problema no es solo de anuncios de modernización, sino de eficacia real para proteger a los ciudadanos.
Según explicó, antes muchos agentes recibían apenas unos meses de entrenamiento y ahora el proceso incluye seis meses de preparación académica y tres meses de práctica. Incluso así, el caso de Darlin y otros episodios recientes mantienen abierta la pregunta central sobre la gestión del Gobierno y del Congreso: por qué, tras meses de discusión y una reforma ya depositada, la ciudadanía sigue cargando con el costo social de una transformación que todavía no se traduce en garantías suficientes.