La noche de este domingo, el Gobierno dominicano dejó inaugurado el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una obra construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una inversión de RD$3,300 millones financiada con recursos procedentes del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La intervención se enmarca en el plan oficial para aliviar uno de los puntos de mayor carga vehicular del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un escenario donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta al escrutinio público.
La infraestructura está situada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón y contempla un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la versión oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la promesa de acortar los tiempos de traslado y mejorar la movilidad en uno de los principales corredores de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la obra como una respuesta directa a problemas de todos los días y sostuvo que su administración asumió esta solución vial como prioridad, al afirmar que gobernar también supone valorar el tiempo de los ciudadanos.
En el acto, Abinader recordó que la intersección de la Plaza de la Bandera había llegado al tope de su capacidad. Ese reconocimiento acentúa el contraste entre el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un terreno en el que la sociedad civil y los sectores de fiscalización conservan espacio para exigir rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, quedan bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que generen este tipo de intervenciones.