Fuerza del Pueblo puso bajo escrutinio la contratación de obras del Gobierno al denunciar que la gestión del PRM estaría operando con un “régimen paralelo” para proyectos de infraestructura, amparado en leyes especiales que, según sostuvo, sustituyen los mecanismos ordinarios de control y transparencia. La denuncia fue presentada por el secretario de Obras Públicas de la FP, Mariano Germán, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.
Según Germán, mientras el oficialismo impulsa mayores exigencias para compras rutinarias, al mismo tiempo promueve normas transitorias para grandes proyectos que terminan reduciendo la fiscalización. “El país está frente a una peligrosa práctica donde la excepción se convierte en regla. Cada vez que la ley general es un obstáculo para ciertos intereses, se fabrica una nueva excepción”, afirmó.
La FP sostuvo que esas leyes surgieron originalmente para destrabar obras paralizadas por la pandemia y el aumento de costos, pero denunció que el esquema se ha extendido a proyectos viales, habitacionales e hidráulicos de alto impacto fiscal. A juicio de la organización, esa dinámica afecta la transparencia, la libre competencia y la confianza en el uso de los fondos públicos, además de abrir espacio para que obras con deficiencias técnicas o presupuestos insuficientes busquen en el Congreso la validación de sobrecostos. Ante ese escenario, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados frenar la aprobación de una nueva modificación a las leyes 118-21 y 83-24.