La experiencia de una madre dominicana de la diáspora vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre lo que se aprueba en el papel y lo que reciben las familias en la práctica. Después de afiliarse a SENASA en el Consulado de Miami y valorar su regreso al país con una hija con autismo, se topó con una consulta de psiquiatría infantil de RD$10,000.00 que el seguro no cubría. Según cuenta, la explicación fue que ese escenario no contemplaba esa cobertura.
Cuando llevó la consulta ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la respuesta terminó de confirmar el problema de fondo: aunque la República Dominicana dispone de la Ley 34-23 para la atención, inclusión y protección de las personas con trastorno del espectro autista, no habría una asignación presupuestaria suficiente para transformar ese reconocimiento en acceso real. El caso reabre así una alerta institucional sobre la eficacia de aprobar normas sin asegurar los recursos para aplicarlas.
Más que una discusión jurídica, el planteamiento apunta a un problema de gestión pública y de prioridades. La existencia de una ley no impide que las familias continúen enfrentando barreras de cobertura, costos elevados y servicios limitados. La distancia entre el discurso y la realidad deja claro que, sin presupuesto y sin ejecución efectiva, la promesa de inclusión queda reducida a un gesto simbólico mientras siguen sin respuesta necesidades concretas.