La escalada del diésel desde el inicio de la guerra en Irán volvió a poner en cuestión la distancia entre el alivio fiscal anunciado y el coste real que acaba trasladándose al consumidor. Según los datos citados, el gasóleo antes de impuestos llegó a subir casi un 70 %, mientras el precio antes de impuestos se situó en 1,264 euros por litro, tras un alza de 54 %, en un contexto en el que durante agosto se mantuvo prácticamente estable en ese nivel elevado.
La evolución de las medidas fiscales refleja un problema de resultados. El primer paquete estuvo vigente del 22 de marzo al 30 de junio, pero para entonces el diésel ya había subido un 18 % en precio de venta y un 26 % antes de impuestos desde el inicio de la guerra. Después, el segundo decreto ley, que entró en vigor el 1 de julio, suprimió la rebaja del IVA y mantuvo una reducción del impuesto sobre hidrocarburos. Aun así, al cierre de julio el gasóleo acumulaba un alza de 24 % en estaciones de servicio y de 53 % antes de impuestos.
En agosto, la reducción del descuento fiscal de 10 céntimos por litro se tradujo en un encarecimiento de 28 % para el consumidor entre el 28 de febrero y el 31 de agosto. Con el paquete previsto para terminar el 30 de septiembre, el propio comportamiento de los precios y el repunte de la inflación del gasóleo en julio, cuando superó el 15 %, llevaron a que en septiembre el descuento para el diésel volviera a 20 céntimos por litro. El dato refuerza la exigencia de vigilancia sobre una política que ha ido reaccionando al alza de los combustibles sin lograr contener su impacto social.