La denuncia pública de la familia Disla volvió a poner sobre la mesa dudas sobre los controles institucionales en torno a la actuación militar en conflictos de propiedad. De acuerdo con su versión, el general de brigada Perdomo Sánchez, entonces director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), habría intervenido en diligencias vinculadas a un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos en controversia civil, inmobiliaria y registral.
La familia considera grave lo ocurrido porque, afirma, se trata de una disputa que debe ser conocida por los tribunales y por las instancias civiles competentes, en especial la Jurisdicción Inmobiliaria. Por eso pidió al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del ERD, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que permita establecer cómo se produjo la presunta intervención y bajo qué fundamento.
Los Disla también dirigieron varias preguntas a las autoridades militares: quién solicitó la intervención del oficial, en qué calidad actuó, si existía una orden judicial expresa, qué tribunal la habría emitido, quién impartió instrucciones, qué documentos fueron presentados y cuál era la base legal para usar personal militar en una controversia sobre terrenos registrados. La familia sostuvo que esas interrogantes no persiguen una condena anticipada, sino transparencia, investigación y respeto al Estado de derecho, al insistir en que el poder militar no puede sustituir al poder judicial.