El Gobierno de Perú declaró por 60 días el estado de emergencia en cinco prisiones de alta seguridad, una medida que lleva la crisis penitenciaria a un terreno excepcional e incorpora restricciones en un radio de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La disposición del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza a los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
En ese perímetro quedarán suspendidos derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, asumirá acciones para custodiar el exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
El Gobierno afirma que la medida apunta a reforzar la seguridad ciudadana, mantener el control policial de los centros y prevenir eventuales fugas. Sin embargo, el alcance de la intervención deja en primer plano la magnitud del problema que busca contener.
Según informó el propio Ejecutivo, se aplicará un control estricto de accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes para decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en poder de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, respaldó la decisión y dijo que el Gobierno impulsa acciones contra la inseguridad desde distintos sectores, mientras espera la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un argumento que refuerza la exigencia de seguimiento público sobre resultados concretos de una medida que ya impacta garantías en el entorno de las cárceles.