La presión sobre el Estado dominicano se intensifica entre subsidios costosos, baja productividad y desafección ciudadana, en un escenario que obliga a examinar con lupa los resultados de la gestión pública. Solo entre enero y mayo de 2024, el gobierno destinó RD$11,125.2 millones para amortiguar la inflación: RD$8,730.5 millones para combustibles, RD$1,210.9 millones para transporte y RD$883.7 millones para alimentos. En ese mismo lapso, transfirió RD$36,500 millones al sector eléctrico, luego de que en 2023 esas partidas llegaran a RD$84,761.2 millones, equivalentes al 57.3% de todos los subsidios orientados a mitigar la inflación.
El cuadro que describen esos datos sugiere que una parte importante de esos recursos no termina en mejoras de productividad, sino en sostener estructuras de consumo y tarifas de alta sensibilidad política. También deja ver una interacción intensa entre el Estado y sectores empresariales regulados en energía y transporte: en 2023, los subsidios para mitigar la inflación superaron RD$147,880.8 millones, con el sector eléctrico quedándose con la mayor proporción. La distancia entre el volumen del gasto y la escasa orientación hacia innovación y productividad refuerza la advertencia sobre prioridades públicas que no alivian de fondo la carga ciudadana.
A ese peso fiscal se suma el deterioro de las capacidades productivas. En el GTCI 2023, República Dominicana obtuvo 37.51 puntos sobre 100 y ocupó la posición 89 de 134 países, además del puesto 13 en América Latina y el Caribe, con debilidades severas en producción científica y en la pertinencia del sistema educativo para la economía, donde figura en los lugares 122 y 123. En las pruebas PISA 2022, la proporción de estudiantes dominicanos en los niveles 5 y 6 es prácticamente nula. Así, el contraste entre el gasto que administra el gobierno dominicano y los resultados que recibe el país en educación, productividad y capacidad de crecimiento se vuelve cada vez más evidente.