A noventa años de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo otra vez se cruza con el rumbo del país, esta vez en torno a un acuerdo que la Casa Blanca exhibe como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según esa hoja informativa, el pacto asegura “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado venezolano.
La señal de alarma no reside solo en la dimensión política y económica del anuncio, sino también en la compañía elegida para materializarlo. El entendimiento no se firmó con una de las grandes petroleras norteamericanas que habían manifestado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, hay muy poca información pública y no existen evidencias de actividad en otros mercados petroleros. A ello se añade que algunos la han relacionado antes con Harry Sargeant, mientras sí circula abundante información sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido cuestionados.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el relato de solución y las respuestas que siguen pendientes sobre quién adquiere poder de decisión, bajo qué controles y con qué grado de transparencia. En un escenario en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional exigen rendición de cuentas, el caso vuelve a situar en primer plano los riesgos de opacidad en torno a recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, al mismo tiempo, promesa de salida y rehén del poder.