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Abinader releva la Superintendencia de Bancos y reactiva el foco sobre el control del sistema financiero

septiembre 1, 2026 · Redactor
Abinader releva la Superintendencia de Bancos y reactiva el foco sobre el control del sistema financiero
Foto: www.elcaribe.com.do

La designación de Víctor Cedeño Brea por decreto vuelve a poner bajo escrutinio una posición clave de supervisión en medio de la rotación decidida por el Poder Ejecutivo.

El presidente Luis Abinader designó mediante el Decreto 606-26 a Víctor Emmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos, en sustitución de Alejandro Fernández Whipple, quien había sido confirmado en el cargo por el Decreto 442-24 del 15 de agosto de 2024. El movimiento, dispuesto desde el Poder Ejecutivo, devuelve la atención a una función sensible para la vigilancia del sistema financiero y a la necesidad de explicaciones claras sobre los cambios en puestos de regulación clave.

Cedeño Brea es abogado especializado en economía, regulación financiera, prevención de delitos financieros y gestión de riesgos. Según lo informado por la Presidencia, ha participado en el diseño e implementación de políticas regulatorias y de supervisión, y su labor en el servicio público ha contribuido al fortalecimiento de marcos regulatorios, procesos de supervisión e iniciativas de innovación y gestión de riesgos. Entre 2024 y 2026 fue asesor general y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos; entre 2022 y 2024, el propio Abinader lo designó como intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores; y entre 2020 y 2022 ocupó la subgerencia de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos.

La disposición presidencial cita la Ley Monetaria y Financiera 183-02, que establece que el superintendente de Bancos es designado por el presidente de la República por un periodo de dos años y puede ser renovado si cumple los requisitos legales. El decreto ordena comunicar la designación a la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y las demás instituciones correspondientes, un paso que refuerza la dimensión institucional de una decisión que, por su impacto regulatorio, queda sujeta a fiscalización pública y a rendición de cuentas del gobierno dominicano.