Al menos tres de los diez muertos en el bombardeo ejecutado el jueves pasado por el Gobierno colombiano en una zona rural del Guaviare eran menores de edad, según confirmó este domingo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La entidad informó que nueve cuerpos fueron identificados y que uno sigue en abordaje forense por el estado en que se encuentra.
El ataque fue presentado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, como una acción contra integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La confirmación forense, sin embargo, coloca bajo mayor escrutinio el resultado de una operación lanzada en medio de la promesa presidencial de mano dura contra los grupos armados ilegales y la delincuencia.
El viernes, el Gobierno puso fin mediante resoluciones a las conversaciones con tres grupos armados ilegales, entre ellos el EMBF, alegando “ausencia de voluntad de paz”. El episodio ocurre además mientras crecen las alertas por el reclutamiento de niños: Human Rights Watch pidió la semana pasada medidas para frenar ese aumento, que calculó en unos 1.500 desde 2021, y datos de la Defensoría del Pueblo muestran que entre 2020 y 2025 los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a menores de 15 y 16 años. En un departamento golpeado históricamente por grupos armados y economías ilícitas, el balance vuelve a poner el foco en la rendición de cuentas sobre los efectos reales de la estrategia oficial.