La deportación iniciada en agosto por Estados Unidos de miles de ciudadanos haitianos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS) ha reavivado la preocupación en República Dominicana, donde distintos sectores advierten sobre el riesgo de un aumento de la migración irregular y reclaman mayor vigilancia en la frontera. El movimiento afecta a unos 300,000 haitianos que habían sido protegidos desde julio de 2010 tras el terremoto que golpeó a Haití.
Aunque el TPS fue extendido en varias ocasiones, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no se contempló una nueva prórroga para Haití, lo que abrió procesos de retorno en un contexto marcado por la crisis haitiana. Esa realidad ha encendido las alertas en territorio dominicano, no solo por la posibilidad de ingresos irregulares, sino también porque parte de los deportados podría usar el país como punto de tránsito hacia otros destinos.
Frente a ese escenario, sectores dominicanos han insistido en la necesidad de reforzar los controles fronterizos y de preparar al país ante eventuales presiones de organismos internacionales para acoger a ciudadanos haitianos afectados. La situación vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de vigilancia institucional y de respuestas concretas del gobierno dominicano ante un impacto regional que ya empieza a sentirse más allá del discurso.