La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto núm. 308-06 no elimina la posibilidad de regular los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas; lo que deja al descubierto es una falla de fondo en la forma en que se ejerció esa regulación.
El tribunal declaró inconstitucional que una limitación de carácter permanente se mantuviera durante años apoyada solo en un decreto del Poder Ejecutivo y no en una ley aprobada por el Congreso Nacional, como exige la Constitución. El punto central del fallo, por tanto, no es una desregulación absoluta, sino una llamada de atención sobre los límites del poder y la necesidad de rendición de cuentas institucional. La propia decisión reconoce que el Estado puede armonizar la libertad de empresa y el libre comercio con la seguridad ciudadana, la salud pública, la convivencia pacífica y el derecho de las comunidades a la tranquilidad. Pero ese objetivo, por legítimo que sea, no puede descansar indefinidamente en atajos administrativos. En ese contexto, la discusión vuelve al terreno donde debió estar desde el inicio: el de una ley moderna, equilibrada y construida con participación de comerciantes, empresarios del sector turístico, autoridades municipales, especialistas en salud pública, organismos de seguridad y representantes de la sociedad civil.
La experiencia internacional citada en el texto confirma que regular no es excepcional; la diferencia está en hacerlo con base legal, controles claros y responsabilidad institucional, en vez de prolongar soluciones precarias que terminan chocando con el Estado de derecho.