La acusación formal por asesinato presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, junto con una orden de arresto del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el expresidente Raúl Castro, vuelve a colocar en primer plano la continuidad del poder en Cuba y las responsabilidades pendientes de uno de los nombres centrales del régimen. Los cargos incluyen conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos más por la destrucción de dos aeronaves, en referencia al derribo de las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
Pese a su retiro de la vida pública, el texto afirma que Raúl Castro, de 94 años, continúa siendo percibido como el poder detrás del trono. Añade además que es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que mantiene de por vida el rango de general del Ejército de las Fuerzas Revolucionarias. Esa tensión entre el retiro formal y una influencia que no desaparece refuerza la advertencia sobre un sistema que, tras 67 años desde 1959, conserva abiertas cuentas políticas e institucionales que el pueblo cubano todavía tiene que reclamar.
La eventualidad de un arresto y una posible extradición a EE. UU., donde enfrentaría más de 20 años de cárcel en un recinto federal de máxima seguridad, se presenta como un punto de inflexión. Más que una lectura celebratoria, el hecho muestra hasta qué punto la rendición de cuentas sobre el régimen cubano sigue llegando desde fuera, mientras en la isla permanecen las estructuras que han sostenido su permanencia.