La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ratificó que las pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados tendrán que adoptar el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) antes del 15 de noviembre de 2026, momento en que ese mecanismo pasará a ser el único válido para facturar en República Dominicana. Quien no se adapte quedará expuesto a multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos y, además, a la pérdida de validez fiscal de los comprobantes emitidos.
Con esta disposición se completa el cronograma establecido en el Aviso 06-26, después de que los grandes contribuyentes nacionales culminaran la transición en mayo de 2024 y los medianos y grandes contribuyentes locales en noviembre de 2025. La etapa final, sin embargo, recae sobre el grupo más amplio de contribuyentes, precisamente uno que en muchos casos todavía opera con procesos contables manuales, menor infraestructura tecnológica y recursos limitados, lo que pone el acento en el costo real de la adaptación y en la vigilancia sobre cómo se ejecuta esta exigencia desde Hacienda y la DGII.
Al mismo tiempo, el discurso oficial sobre transformación digital se sostiene en la elección de República Dominicana, en mayo de 2026, como sede del primer programa piloto regional de asesoría en inteligencia artificial para pymes, impulsado por The Trust for the Americas con respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco BHD. Ese avance convive, no obstante, con una realidad más exigente para los pequeños negocios: la modernización deja de ser una opción y pasa a estar vinculada a la amenaza de sanción, en un punto donde sigue abierta la rendición de cuentas sobre el acompañamiento, la capacidad de implementación y el impacto en el tejido empresarial.