Cuando faltan menos de 24 horas para que cierre el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones locales del 29 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador dispuso la suspensión provisional del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), una de las plataformas políticas asociadas al sector liderado por Rafael Correa. La resolución fue adoptada a pedido de la Fiscalía dentro de una investigación por un presunto caso de lavado de activos, y el juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez fijó una suspensión de nueve meses.
Además, el magistrado otorgó tres días al Consejo Nacional Electoral para aplicar la medida y dejar constancia de su cumplimiento. La decisión irrumpe en un momento sensible para la oposición correísta, que buscaba afianzar presencia en los comicios locales. El efecto inmediato es político: una organización usada por sectores afines al exmandatario queda fuera de competencia justo cuando expira el plazo para candidaturas, lo que agrava las tensiones sobre la actuación de las autoridades electorales y judiciales.
Correa tildó la medida de “escandaloso” y sostuvo que “No existe información, no existen hechos, no existen derechos, no existe ley”. En la misma línea, Luisa González acusó al presidente Daniel Noboa de concentrar sus esfuerzos en la persecución política y cuestionó la respuesta del gobierno ante la inseguridad. Con ese intercambio, la suspensión deja de ser solo una determinación judicial y pasa a ser un nuevo foco de cuestionamiento sobre el uso del poder institucional en plena carrera electoral.