La saturación de personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a dejar en evidencia el funcionamiento real del sistema de justicia y reavivó cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta. Para el abogado Jeswa Sánchez, el problema no puede cargarse exclusivamente sobre el Ministerio Público, porque involucra a todo el engranaje institucional que interviene en el proceso.
El jurista explicó que el Ministerio Público presenta a los detenidos ante el juez competente dentro de las 48 horas que fija el Código Procesal Penal, mientras que corresponde al juez determinar la legalidad de la detención y las medidas de coerción. También advirtió que Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, abogados particulares, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales forman parte de una misma secuencia, de modo que cualquier falla termina repercutiendo en el conjunto.
Sánchez señaló, además, una carencia específica: la falta de un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa ausencia, indicó, complica los traslados, incrementa la carga operativa de los organismos de custodia y alimenta la congestión denunciada. A eso sumó que la provincia Santo Domingo tiene una incidencia delictiva más alta que otras demarcaciones, con niveles elevados de violencia de género, robos y homicidios, un panorama que refuerza la alerta sobre la gestión, la capacidad institucional y las explicaciones pendientes ante una crisis con impacto ciudadano.