La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió ante la Cámara de Diputados que varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal, tal como están redactados, podrían terminar criminalizando la labor docente. La organización lanzó así una alerta institucional sobre una reforma que incide en el sistema educativo sin despejar aún sus efectos reales en las escuelas.
Mediante una comunicación firmada por su presidente, Eduardo Hidalgo, y por el consultor jurídico John A. Bello, el gremio objetó disposiciones relacionadas con el «bullying», el abandono de niños, niñas y adolescentes y otras conductas que, a su juicio, están formuladas con términos demasiado amplios. La ADP afirmó que esa redacción puede traducirse en inseguridad jurídica para maestros, directores y orientadores, en una tensión evidente entre el discurso de protección y el riesgo de castigar funciones legítimas dentro de los centros educativos.
Uno de los ejes de la advertencia recae sobre el artículo que tipifica el hostigamiento e intimidación. Aunque respaldó la sanción del acoso escolar, la ADP sostuvo que expresiones como «asustar», «aislar» y la alusión al «ámbito educativo» deben precisarse mejor para evitar interpretaciones que conviertan en delito acciones disciplinarias o pedagógicas. Por ello propuso incorporar un párrafo que excluya de esa tipificación las medidas disciplinarias, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos u orientadores, siempre que sean razonables, objetivas, estén amparadas por la legislación educativa y no persigan humillar ni causar daño al estudiante.
El sindicato también cuestionó el artículo sobre abandono de niños, niñas y adolescentes, que contempla agravantes cuando el responsable sea el padre, la madre, el tutor o un maestro. La ADP argumentó que el deber de cuidado del docente es temporal y está limitado al horario y a las funciones escolares, por lo que rechazó que se le coloque automáticamente al mismo nivel que padres o tutores.
La intervención del gremio somete a examen el trámite legislativo de una pieza sensible y vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica de rendición de cuentas: que cualquier reforma penal corrija ambigüedades antes de trasladar sus costos a quienes sostienen la disciplina y la protección cotidiana en las aulas.