La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos acudió al Congreso Nacional con una advertencia frontal sobre el nuevo Código Penal: si permanece tal como fue aprobado, sus disposiciones pueden abrir un escenario de inseguridad jurídica en el acto médico y aumentar la tensión en un servicio ya sensible para la población. El planteamiento vuelve a poner la mirada sobre la Cámara de Diputados y sobre el efecto real de las normas en sectores esenciales.
El gremio depositó una propuesta para modificar varios puntos de la Ley 74-25 que, según sostuvo, introducirían incertidumbre en la práctica médica. Su reclamo apunta a mantener un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de los profesionales de la salud, y rechaza que se equiparen complicaciones propias de los procedimientos o errores involuntarios con conductas dolosas.
Entre las medidas presentadas figura una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, con el argumento de permitir una discusión técnica sobre las disposiciones que inciden en las profesiones de la salud. También pide que la responsabilidad penal de los médicos solo se aplique cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, mientras que los casos derivados de errores involuntarios o de riesgos propios del acto médico sean tramitados por las vías civil, administrativa o ética, según corresponda.
La organización insistió en que no busca privilegios ni impunidad, sino una diferenciación precisa entre una actuación ajustada a la lex artis y una conducta marcada por fraude, dolo o negligencia grave. La comisión estuvo encabezada por el presidente electo del colegio, Luis Restituyo.
La intervención del CDC deja sobre la mesa una alerta institucional ante el Congreso: cuando una ley obliga a pedir correcciones y aplazamientos antes de entrar en vigor, la discusión deja de ser solo técnica y pasa también por la responsabilidad política sobre normas con impacto directo en servicios esenciales. El fondo del debate vuelve a ser la rendición de cuentas sobre textos que se presentan como solución, pero llegan al umbral de aplicación con sectores estratégicos reclamando revisión.