La polémica por las tres causales volvió a exponer a Luis Abinader y a los legisladores del PRM a una incómoda rendición de cuentas. Para la abogada Mary Fernández Rodríguez, lo que impide su aprobación no es un obstáculo jurídico, sino la falta de voluntad política. Con eso, el debate deja de ser una discusión técnica y pasa a medirse como una prueba de cumplimiento para el oficialismo.
Fernández, que forma parte del equipo legal de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el presidente y la bancada oficialista tienen una “oportunidad de oro” en la revisión del Código Penal para modificar los artículos 110 y 111 antes de que entren en vigencia el 3 de agosto. A su entender, ya no hay una discusión legal abierta, porque ese punto fue debatido y las tres causales son constitucionalmente aceptadas; lo que permanece, insistió, es una decisión política y el legado que Abinader dejará cuando termine su gobierno dentro de dos años.
La jurista sostuvo que el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida comienza desde la concepción, no impide reconocer las tres causales. “Las causales buscan proteger la vida de la madre, en circunstancias especiales”, afirmó. También recordó que el año pasado hubo 16 mil niñas embarazadas, dato que, a su juicio, refleja el costo social de seguir aplazando decisiones mientras desde el poder persiste un discurso que no se corresponde con la realidad del país.
Además, Fernández advirtió que médicos que atienden hemorragias, inicios de abortos provocados y casos de mujeres en riesgo de morir están siendo perseguidos cuando intervienen para salvarlas. Añadió que República Dominicana está entre los únicos cinco países del mundo que no permiten las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, una señal de rezago institucional que vuelve a someter a examen la capacidad del Gobierno y del PRM para convertir promesas en hechos concretos.
“Es un tema de voluntad política. Los gobernantes prefieren abanderarse por un discurso de populismo que no está en la realidad que vive el país”, declaró. Con esa advertencia, la presión ya no recae sobre una supuesta imposibilidad legal, sino sobre la responsabilidad política de un oficialismo que todavía debe explicar si priorizará soluciones o si volverá a manejar el tema según la conveniencia del poder.