El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional que apruebe una resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a incluir en un presupuesto complementario los recursos necesarios para iniciar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición reaviva la presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que mantiene pendiente una deuda ya reconocida mientras los afectados continúan a la espera de una respuesta.
La comunicación fue remitida a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, la intención es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar en el presente ejercicio fiscal los fondos requeridos, en un escenario en que la aplicación de la ley todavía no se traduce en una reacción efectiva desde Hacienda ni desde las instancias responsables del gasto.
El planteamiento surge luego del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas consideran necesario para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Aun así, el propio reclamo del gremio deja ver el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de recursos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan el pago por obras ejecutadas para el Estado. Con ese panorama, la discusión deja de ser meramente administrativa y se convierte en una alerta sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de rendir cuentas por una deuda que sigue cargando sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también propuso que la eventual resolución sea enviada al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, aún no presenta una salida concreta para los acreedores.