La agenda del Congreso Nacional se ha transformado en un punto de desgaste para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no solo por las críticas a leyes aprobadas con premura, sino también por el contraste entre la promesa oficial de actuar con independencia y una práctica legislativa que vuelve a situar al oficialismo ante exigencias de rendición de cuentas.
El episodio más reciente es la entrada en vigor de la Ley 74/25 que modifica el Código Penal. Luego de una lluvia de cuestionamientos por disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, el Congreso terminó comprometiéndose a modificar 18 artículos antes de que la pieza entre en vigencia el 3 de agosto de este año. En esa misma discusión, los legisladores del PRM también dejaron sin cumplir la promesa de campaña de establecer la despenalización del aborto en tres circunstancias.
La dinámica se repite en otras iniciativas impulsadas o respaldadas por la mayoría oficialista. Las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos fueron aprobadas de urgencia pese a las críticas y a la oposición de la mayoría de las organizaciones empresariales. A eso se sumó, en apenas una semana, la aprobación de la Ley 30/26, conocida como ley ancrisis, sometida por el Poder Ejecutivo, cuya rapidez generó cuestionamientos de diversos sectores de la opinión pública por el impacto de una reforma que aumenta impuestos en medio de la presión económica sobre la población.
El Senado también aceleró la aprobación del proyecto de reforma policial después del escándalo y la conmoción social por la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente de la Policía, aunque la iniciativa llevaba más de seis meses en ese órgano sin que se rindiera el informe sobre el cambio a la Ley de la Policía. El giro volvió a alimentar la alerta institucional sobre un Congreso que reacciona tarde ante los problemas y rápido cuando el costo político ya golpea al Gobierno.
El cuadro deja al PRM atrapado por su propio discurso. El partido que cuestionó al PLD por convertir el Congreso en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo enfrenta ahora críticas por decisiones legislativas que refuerzan esa misma imagen, mientras la sociedad civil y la opinión pública quedan con más razones para vigilar un manejo político que, lejos de ofrecer soluciones consistentes, sigue acumulando señales de desgaste en la gestión y de desconexión con las prioridades ciudadanas.