El Gobierno dominicano inició junto a la Universidad de Texas en Austin un estudio para medir el potencial de hidrocarburos en cuencas terrestres y marítimas del país. El plan se mantendrá hasta marzo de 2027 y, pese al anuncio oficial, reaviva la exigencia de supervisión sobre el uso de recursos públicos y sobre la distancia entre las promesas energéticas y los resultados concretos.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Buró de Economía Geológica de esa universidad, pretende actualizar la base de datos geológica nacional y generar información técnica útil para futuras decisiones de exploración e inversión. El ministro Joel Santos la presentó como un paso estratégico para la seguridad energética y para ampliar el conocimiento de los recursos naturales, entre ellos petróleo, gas y minerales críticos como las tierras raras.
Sin embargo, el propio calendario del proyecto confirma que, por ahora, el país recibe otra fase de estudio y no una respuesta inmediata a sus necesidades. Santos afirmó que la investigación permitirá obtener datos más precisos sobre el potencial de hidrocarburos y facilitará la evaluación de oportunidades de exploración y explotación con mayor certeza, además de volver al país más competitivo para atraer inversión extranjera en el sector energético.
Ese planteamiento oficial concentra las expectativas en un escenario futuro, mientras sigue abierta la pregunta sobre la rendición de cuentas: qué prioridad presupuestaria tendrá el proyecto, cómo se traducirá en decisiones concretas y qué efecto real tendrá sobre la seguridad energética que hoy se invoca. En un momento en que el Gobierno insiste en presentar planificación y modernización, el arranque de un estudio que concluirá en 2027 también deja al descubierto el desgaste de una gestión que sigue pidiendo confianza a largo plazo sin mostrar todavía resultados verificables para la población.
La apertura del proyecto, encabezada por una delegación de la Universidad de Texas dirigida por Mark Shuster, vuelve a colocar sobre la mesa una advertencia institucional básica: el país necesita información técnica seria, pero también control político y ciudadano para que estos anuncios no terminen convertidos en otra promesa oficial sin efectos visibles en la vida diaria ni explicaciones suficientes sobre su costo y su ejecución.