La decisión del Congreso de modificar 18 artículos de la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, llega forzada por la presión ciudadana, las protestas y el calendario en contra, y deja expuesto el costo institucional de legislar sin resolver a tiempo objeciones de fondo. A sólo 24 días de la entrada en vigencia de la norma y a 16 del cierre de la legislatura, el ajuste se produce bajo vigilancia pública y con preguntas abiertas sobre por qué las correcciones no se hicieron antes.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió a comisión bicameral el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo con la promesa de aprobar los cambios antes del 3 de agosto. Pero el movimiento confirma el contraste entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, después de que distintos sectores advirtieran problemas en una ley ya aprobada. La ruta que se impone es la planteada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: permitir que la ley entre en vigencia y luego introducir modificaciones. Frente a esa salida, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han sugerido extender la vacatio legis para revisar con más cuidado las demandas de cambio, una señal de alerta institucional sobre el manejo de una pieza con impacto directo en derechos y seguridad jurídica. Las críticas se han concentrado en disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional para buscar la despenalización del aborto en tres causales. La protesta en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y el país terminaron empujando una respuesta política que no nació de la previsión del poder, sino de la presión social.
Aunque el Senado sostiene que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora refuerza la exigencia de fiscalización sobre el Congreso y el Ejecutivo: cuando una ley de este calibre necesita correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.