El Senado de la República aprobó este viernes, en segunda discusión y con 23 votos favorables, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una pieza que ahora pasa a la Cámara de Diputados y luego al Poder Ejecutivo. Más que cerrar un proceso, la votación reabre la exigencia de vigilancia sobre una reforma que el Gobierno presenta como modernización, pero que llega precisamente porque persisten fallas graves dentro del cuerpo del orden.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno dominicano dentro de su proceso de transformación policial, promete fortalecer la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. No obstante, el propio contenido del proyecto expone la magnitud del problema que sigue bajo escrutinio del Congreso: se endurecen requisitos para los principales cargos de dirección y se establece un régimen disciplinario más estricto frente a conductas irregulares que van desde corrupción y abuso de autoridad hasta tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos. Entre los cambios, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, tener título de maestría y demostrar competencias profesionales acordes con sus funciones. También se separan las funciones de investigación y decisión de las faltas, con el argumento de garantizar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, un punto que refuerza la alerta institucional sobre debilidades que hasta ahora han requerido corrección legal. El proyecto amplía además el catálogo de faltas muy graves e incluye sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas.
Que el Congreso tenga que avanzar una reforma de este calibre para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a colocar el debate donde más pesa para la ciudadanía: no en el discurso de cambio, sino en la capacidad real del Estado para hacer cumplir controles, rendir cuentas y evitar que la reforma quede reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.