La reforma laboral impulsada por el presidente Luis Abinader quedó bajo cuestionamiento luego de que la Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) denunciara que el proyecto representa una ofensiva contra derechos históricos de la clase trabajadora. Para la organización, lejos de la promesa de modernización, la iniciativa del Gobierno dominicano trasladaría el peso de la crisis económica a quienes viven de su trabajo y abriría un retroceso en las garantías laborales.
En un comunicado, la UCT sostuvo que la propuesta no mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que debilita conquistas alcanzadas tras décadas de lucha sindical. El señalamiento coloca en contraste el discurso oficial de cambio con una reforma que, según el gremio, reabre debates ya superados y vuelve a tocar aspectos fundamentales del Código de Trabajo en perjuicio de los asalariados.
La entidad también responsabilizó al Gobierno por insistir en el proyecto y al Congreso por empujar una aprobación acelerada sin ponderar sus consecuencias. «La función del Congreso Nacional no puede ser convertirse en un instrumento para legalizar nuevas formas de precarización del trabajo, garantizar y proteger los derechos de quienes producen la riqueza nacional», expresó Juan Núñez Batista, secretario general de la UCT.
Uno de los puntos de mayor preocupación, según el documento, es la modificación del artículo 86 del Código de Trabajo, relativo al pago oportuno de las prestaciones laborales y a las consecuencias jurídicas para los empleadores que incumplan esa obligación. La UCT advirtió que debilitar esa disposición reduciría mecanismos de protección frente a prácticas abusivas que durante años han afectado a miles de trabajadores y trabajadoras.
Con esa advertencia, la discusión deja de ser técnica y pasa al terreno de la rendición de cuentas: el Gobierno y los legisladores que respalden la reforma quedarían emplazados a explicar por qué una iniciativa presentada como actualización termina señalada por el movimiento sindical como un paso hacia la precarización y un nuevo costo social para los trabajadores.