La posible suspensión de servicios a afiliados de ARS Futuro en clínicas de Andeclip, anunciada para entrar en vigor a partir del martes 14 de julio, volvió a encender una alerta sobre la vulnerabilidad con que los usuarios quedan atrapados cuando estalla un conflicto entre actores del sistema de salud. Ante esa medida, ARS Futuro aseguró que garantizará los servicios de salud a nivel nacional a través de su red de prestadores e hizo un llamado a la “tranquilidad” a sus afiliados, empresas relacionadas, corredores de seguros y demás aliados.
No obstante, el episodio deja en evidencia el contraste entre el discurso de cobertura y la realidad de un sistema donde una decisión de esta magnitud puede colocar a pacientes y familias en incertidumbre. En un comunicado, la ARS sostuvo que no pertenece a la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) y que, por tanto, no ha sostenido diálogo con Andeclip sobre este tema que pudiera conducir a un acuerdo. “Nos sorprende lo establecido en la citada rueda de prensa donde sin mediar ningún tipo de comunicación ni de solicitud de acercamiento, se haya tomado una decisión de tal magnitud como es la suspensión de servicios a nuestros afiliados. Desconociendo nosotros las causas que la puedan estar motivando”, indicó. La aseguradora también afirmó que sus tarifas con las clínicas oscilan entre 25 % y 30 % por encima del promedio que pagan las ARS, y que esos montos son acordados de manera individual y “consensuadas” con los centros privados. Con ese argumento, pidió formalmente abrir un diálogo con Andeclip para conocer las razones puntuales de la medida, que —según dijo— afecta a la empresa y a su imagen institucional. “Confiamos en que, una vez evaluada nuestra situación, Andeclip proceda a revocar estar decisión y a excluir a Futuro ARS de una medida de la cual nunca debimos formar parte”, señaló la entidad.
Más allá del cruce entre instituciones, el caso vuelve a poner el foco en la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en un servicio esencial: cuando fallan la coordinación y las respuestas oportunas, el costo social recae primero sobre los afiliados.