La discusión en torno a la investigación especial de la Cámara de Cuentas sobre el Inabie vuelve a colocar bajo escrutinio la calidad del control sobre los recursos públicos, justo en un ámbito tan sensible como el almuerzo escolar. El propio enfoque del caso advierte un problema institucional de fondo: cuando una pesquisa no delimita con rigor su alcance, sus tiempos y las responsabilidades de cada etapa, la rendición de cuentas se debilita en lugar de fortalecerse.
El texto sitúa el expediente en la “investigación especial practicada al proceso de licitación y adjudicación para la adquisición del almuerzo escolar”, identificado como Inabie-CCC-LPN-2021-0009, y recuerda que se trata de un proceso armado, adjudicado y puesto en marcha antes de la gestión del ingeniero Víctor Castro. Ese dato no reduce la gravedad del caso; al contrario, obliga a separar responsabilidades con precisión para evitar que el control externo termine mezclando períodos, actuaciones y decisiones que deben examinarse por tramos. La Cámara de Cuentas tiene la misión legal de vigilar el uso de los recursos públicos, la regularidad administrativa y la protección del patrimonio del Estado. Pero el propio contraste entre una auditoría gubernamental y una investigación especial, planteado en el texto, funciona como una alerta institucional: no es lo mismo revisar de manera amplia y metodológica que concentrarse en un proceso específico. Si esa diferencia se desdibuja, la fiscalización pierde fuerza técnica y abre espacio a conclusiones cuestionables en un tema donde la sociedad civil, las alertas ciudadanas y las denuncias tienen un peso directo. En un país donde el discurso de transparencia suele chocar con resultados discutidos, el caso Inabie vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica: control serio, debido proceso y responsabilidades bien establecidas.
No se trata de burocracia, sino de evitar que una investigación mal encauzada termine afectando la confianza pública en instituciones llamadas a vigilar el gasto, mientras siguen pendientes respuestas claras sobre cómo se administran procesos que impactan servicios esenciales para la población estudiantil.