Participación Ciudadana respaldó que el nuevo Código Penal entre en vigencia en agosto, pero lo hizo bajo una advertencia que vuelve a poner bajo escrutinio al Congreso y al Poder Ejecutivo: las debilidades del texto siguen ahí y su corrección no puede seguir postergándose. Más que un cierre del debate, la posición expone el desgaste de una gestión legislativa que aprobó una norma con fallas reconocidas y ahora queda obligada a corregirlas con rapidez.
La entidad sostuvo que no sería un buen precedente extender el plazo para subsanar deficiencias, pero dejó claro que la solución debe producirse “en cualquier momento y mientras más temprano mejor”, incluso antes de la entrada en vigor. En esa línea, señaló que el propio Congreso debe corregir sus errores con prontitud y recordó que también hay decisiones pendientes del Tribunal Constitucional sobre puntos sensibles del texto. Entre esos aspectos figura la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres. Francisco Alvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, indicó además que la difamación, la injuria y el ultraje deben ser despenalizados, en línea con la tendencia mundial de protección a la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo. Alvarez recordó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado trabajando en un anteproyecto para corregir las deficiencias del nuevo Código Penal, por lo que expresó la expectativa de que su contenido sea conocido y sometido sin dilación al Congreso. El señalamiento refuerza la alerta institucional sobre una pieza legal que, aunque incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales en materias como violencia de género e intrafamiliar, cibercrímenes, delitos financieros y de corrupción, lesa humanidad, genocidio, sicariato, auto secuestro y obstrucción de la justicia, sigue arrastrando vacíos que impactan derechos y exigen rendición de cuentas política.
El mensaje final de Participación Ciudadana no despeja la controversia: confirma que el país se encamina a la entrada en vigencia de un Código Penal con correcciones pendientes y con la ciudadanía obligada a vigilar que Congreso y Ejecutivo no conviertan otra vez una reforma clave en una promesa incompleta.