La Suprema Corte de Justicia volvió a fallar en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro y, con esa decisión, reactivó el escrutinio sobre una cadena de resoluciones públicas que terminaron enfrentadas con la ley. La Tercera Sala, en funciones de corte de casación, rechazó un recurso del AIB y declaró inadmisibles otras dos acciones promovidas por el Grupo Abrisa, en un expediente que vuelve a poner sobre la mesa la advertencia institucional sobre proyectos impulsados sin apego a las reglas.
La sentencia, además, consideró contrario a la norma jurídica el decreto 270-20, dictado durante el gobierno de Danilo Medina para aprobar y respaldar la obra. Ese aspecto vincula el caso con una secuencia de decisiones políticas que luego fueron desarmadas en los tribunales. Aunque el presidente Luis Abinader había derogado ese decreto después de un fallo previo de la propia SCJ, el nuevo revés judicial deja claro que la corrección llegó después de que el Estado quedara comprometido en un proceso objetado por su base legal.
El tribunal también confirmó lo resuelto por el Tribunal Superior Administrativo frente a los intentos del AIB de revertir la prohibición de continuar el proyecto. En su fallo, la SCJ desestimó los argumentos de la empresa y dejó asentado, con opinión mayoritaria encabezada por Manuel A. Read Ortiz, que el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB se otorgó en circunstancias irregulares y al margen de los procedimientos previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y de los principios de publicidad, transparencia e igualdad recogidos en la Constitución y en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Más que una disputa empresarial, el expediente vuelve a mostrar el costo institucional de decisiones públicas mal sustentadas: un proyecto detenido, años de litigios y otra señal de que el discurso sobre legalidad y transparencia solo se sostiene con fiscalización constante y rendición de cuentas efectiva. El caso deja cuestionados tanto el decreto firmado en la pasada administración como la capacidad del Estado, ya bajo el actual gobierno, para evitar que controversias de este tipo sigan prolongándose.