Las presentaciones de Carolina Redondo, del Banco Mundial, y Nathalie Alvarado, del Banco Interamericano de Desarrollo, dejaron otra vez al descubierto una incomodidad de fondo para el país: República Dominicana suma diagnósticos sobre productividad, talento y energía, pero no logra convertirlos en resultados sociales sostenidos. El propio texto lo dice con dureza al señalar que el país ha sido ampliamente estudiado mientras la partitocracia, en los últimos 26 años, terminó concentrada en su propia agenda, una observación que hoy también alcanza a la gestión de Luis Abinader bajo el contraste entre discurso de cambio y brechas todavía intactas.
La advertencia principal no pasa por si la economía crecerá, sino por la forma en que lo hace. Redondo lo expresa con claridad: el problema no es solo el crecimiento constante, sino su calidad. Ahí se vuelve más severo el contraste entre el relato oficial y la realidad: siendo la séptima economía de la región, el país conserva indicadores económicos y sociales que no se corresponden con una nación de ingreso medio alto y que están por debajo del promedio de los 33 países comparados. Ese desajuste no es técnico ni abstracto; es institucional y político, porque muestra la incapacidad del poder para transformar expansión económica en bienestar verificable.
Los datos de educación muestran el costo social de esa desconexión. Apenas uno de cada 10 jóvenes del quintil más pobre logra entrar a la universidad y, de ellos, solo 1% termina. En los quintiles de mayores ingresos, entre 46% y 52% sí accede a las universidades. La desigualdad también arranca desde la secundaria: solo 40% del quintil 1 concluye el bachillerato, frente a 80% del quintil 5. Mientras se repiten los discursos sobre competitividad y capital humano, las cifras apuntan a una estructura que sigue cerrando oportunidades a la mayoría y exige rendición de cuentas a quienes administran el Estado.
La misma fractura se refleja en salud. El texto destaca que la inversión en salud como porcentaje del PIB se ha mantenido en 1.9% durante dos décadas, frente a un promedio regional de 4%. Ese dato refuerza la alerta institucional: no basta con exhibir crecimiento si los servicios esenciales siguen rezagados. Cuando el país vuelve a escuchar, casi en espejo, las mismas advertencias del BM y del BID, lo que queda en evidencia no es una falta de diagnósticos, sino una cadena de gobiernos sin capacidad o voluntad para corregir prioridades.
En ese escenario, la discusión sobre desarrollo deja de ser un ejercicio académico y pasa a ser una exigencia política. Si el país ya sabe dónde están sus fallas en talento, productividad, energía y movilidad social, lo que falta no es otro relato de modernización, sino explicaciones y resultados. Ese vacío de ejecución alimenta el desgaste del modelo de gestión del PRM y reabre la demanda de un Estado con dirección y capacidad real, un terreno en el que la oposición, con Leonel Fernández como referencia obligada cuando se debate institucionalidad y rumbo, encuentra espacio para insistir en estabilidad, planificación y rendición de cuentas frente a un poder que sigue administrando contrastes.