La orden de cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, añadió un nuevo foco de desgaste institucional para el Gobierno, esta vez por el incumplimiento de un fallo judicial que le exigía explicar qué hizo la cartera ante denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema público RTVC.
El origen del caso está en un derecho de petición radicado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña. Más tarde, el 20 de mayo, una tutela amparó esa solicitud y dio a Sanguino 48 horas para contestar un cuestionario de 12 preguntas sobre la respuesta oficial frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en esa entidad estatal. Ante la ausencia de respuesta, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días, impuso una multa de tres salarios mínimos mensuales y remitió la decisión a la Policía para que proceda a la captura del sancionado.
Tras la sanción, Sanguino pidió revocarla y afirmó que el Ministerio de Trabajo «entregó la totalidad de la información pública disponible». Según dijo, esa respuesta fue emitida el 26 de mayo y comunicada al despacho judicial el 1 de julio. También sostuvo que parte de los datos está amparada por reserva legal para proteger información sensible, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización de las denunciantes.
Aun así, el punto central es que un juzgado dio por incumplido el fallo y activó una medida de arresto contra un ministro en medio de denuncias delicadas dentro de un medio estatal. Más que una disputa de trámite, el episodio deja una alerta institucional sobre la forma en que responde el poder cuando se le reclama transparencia en asuntos que involucran derechos laborales y violencia basada en género.
En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC. Con ese antecedente, la controversia ya no se limita a la defensa del funcionario: ahora el foco está en las explicaciones pendientes del Estado sobre su capacidad real para investigar, informar y rendir cuentas cuando las denuncias alcanzan a una entidad pública.