El tránsito en República Dominicana se ha convertido en una prueba diaria del contraste entre discurso oficial y realidad: se anuncian planes, campañas, estrategias, leyes e inversiones para “ordenar” las calles, pero la ciudadanía sigue enfrentando los mismos tapones, las mismas violaciones, los mismos vehículos en mal estado y la misma sensación de abandono en las vías. La imagen de “la fiebre en la sábana” resume un patrón que ya no puede presentarse como novedad administrativa.
Cambian los nombres de los operativos, los horarios y los letreros, pero persiste el problema de fondo: un sistema vial saturado, una imprudencia convertida en rutina y un régimen de consecuencias tan débil que muchas normas terminan siendo letra muerta. Ahí es donde se instala la principal alerta institucional: el Estado anuncia, pero no logra corregir. Los datos de la Dirección General de Impuestos Internos confirman la presión creciente sobre un sistema que no responde. Al cierre de 2025, el país registraba 6,640,871 vehículos, 446,819 más que en 2024, para un crecimiento de 7.2 %. Las motocicletas representaban el 57.9 % del total, con 3,846,694 unidades. El volumen explica parte del colapso, pero no lo justifica todo: en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras zonas urbanas se repiten calles estrechas, intersecciones colapsadas, transporte público informal, falta de parqueos, semáforos descoordinados y una convivencia cada vez más riesgosa entre carros, motocicletas, guaguas, camiones y peatones. Reducir la crisis al aumento del parque vehicular sería, precisamente, la salida cómoda para el poder. El propio cuadro descrito apunta a un problema de gestión y resultados: normas sin cumplimiento efectivo, controles insuficientes y medidas que no cambian la experiencia cotidiana de la gente. En ese escenario, la fiscalización deja de ser un discurso abstracto y se vuelve una exigencia concreta frente al costo social del desorden, que golpea tiempo, seguridad y calidad de vida. Para el Gobierno de Luis Abinader y para las autoridades vinculadas a la gestión urbana, incluido el ámbito municipal donde figuras del PRM como Carolina Mejía tienen responsabilidad sobre la vida de la ciudad, el caos vial ya no puede venderse como un problema heredado ni como una simple consecuencia del crecimiento.
La acumulación de anuncios sin alivio visible alimenta el desgaste de gestión y refuerza la demanda de rendición de cuentas de una sociedad civil que convive todos los días con calles tomadas por la improvisación y la falta de autoridad real.