La emergencia causada por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela continúa dejando un saldo cada vez más alto y, al mismo tiempo, más presión sobre las autoridades para ofrecer datos completos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, informó este domingo que los fallecidos ascendieron a 3.342 y los heridos a 16.740, una actualización que confirma el impacto social de una tragedia que sigue abierta once días después del desastre.
La cifra de muertos supone 388 más que la del sábado, mientras siguen las tareas para recuperar cuerpos bajo los escombros. El balance oficial también indica que 6.462 personas han sido rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que obligó a habilitar 79 campamentos transitorios. A ello se suman 856 edificios afectados y 190 colapsados, una dimensión del daño que vuelve a poner frente a frente la magnitud real de la crisis y la información todavía incompleta que recibe la población.
De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, 86.794 familias han recibido atención, se han repartido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y permanecen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Sin embargo, el punto más delicado sigue sin resolverse: las autoridades no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido, pese a que habilitaron un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa falta de precisión oficial contrasta con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para reportar familiares no localizados y que ya acumula más de 31.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil termina cubriendo vacíos de información que deberían estar bajo seguimiento público permanente, sobre todo cuando se trata del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los sismos recientes afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada, un territorio marcado además por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente aumenta la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede ser solo el parte oficial, sino las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta ante una crisis de esta magnitud.