Un estudio dado a conocer en el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación que golpea de lleno a los hogares: el calor urbano no solo eleva la temperatura en las ciudades, también impulsa el consumo de electricidad y expone a la población a mayores riesgos de salud, mientras siguen pendientes soluciones de fondo desde la gestión pública.
La investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentada por la arquitecta Orisell Medina Lagrange, indica que el fenómeno de la Isla de Calor Urbano ha agravado los desafíos ambientales en entornos urbanos del Caribe. En ese panorama, las zonas urbanas registran temperaturas más altas y un aumento del consumo de energía eléctrica, con un promedio de 19% más para refrigeración, aunque con variaciones según el área.
El estudio calcula que por cada grado de incremento en la temperatura, la carga eléctrica máxima de un edificio subiría hasta un 4,6% y que el consumo total de electricidad aumentaría hasta un 8,5%. La investigadora advirtió además que ese mayor consumo genera un incremento directo y proporcional de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que profundiza un círculo de presión sobre los servicios, el bolsillo y el entorno urbano.
La presentación del caso Bayahibe también abre una discusión que va más allá de lo técnico y exige vigilancia institucional: el color de las fachadas, los materiales de construcción y el uso de sistemas de refrigeración pasivos y de bajo consumo figuran entre las medidas para reducir la dependencia de la refrigeración mecánica. El dato somete a examen las prioridades con que se planifican las ciudades y obliga a que instancias como el Congreso no desvíen la mirada ante un problema que ya tiene costo social medible.
A escala de barrio, la investigación precisa además que los picos de calor elevan el riesgo de morbilidad en la época cálida y pueden derivar en casos agravados por golpes de calor. La advertencia científica, presentada en un evento organizado por el MESCyT, deja así un contraste incómodo entre el discurso sobre desarrollo y la realidad de comunidades que enfrentan más calor, más gasto eléctrico y más vulnerabilidad sin que el problema pueda seguir tratándose como algo secundario.