Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo puso bajo escrutinio el manejo del Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible al denunciar que, en lugar de concentrar sus recursos en enfrentar la crisis de residuos sólidos, una parte considerable del dinero recaudado ha terminado en gastos operativos y administrativos, un señalamiento que alimenta las dudas sobre la gestión de fondos públicos y la distancia entre el discurso oficial y los resultados.
La posición fue expuesta por la Secretaría de Medio Ambiente de la organización en un documento leído por su titular, Paíno Abreu, quien afirmó que los estados financieros del fideicomiso reflejan una distribución de recursos que plantea inquietudes sobre la transparencia y la eficiencia de la administración. “El Fideicomiso DO Sostenible se parece más a un fondo para distribuir beneficios a terceros”, dijo Abreu, al remarcar la diferencia entre lo invertido en proyectos de residuos y lo destinado al funcionamiento interno de la entidad.
De acuerdo con los datos citados por la FP, en tres años de operaciones los gastos de personal superaron los RD$537 millones, equivalentes al 86 % de los recursos dirigidos a la construcción de rellenos sanitarios. También señaló que los pagos por sueldos, compensaciones y honorarios representaron cerca de la mitad de lo asignado al transporte de residuos, una proporción que la organización presenta como prueba de un esquema en el que la carga administrativa termina compitiendo con las soluciones que espera la población.
La organización también objetó los recursos recibidos por la entidad fiduciaria para administrar el fondo. Abreu aseguró que esta percibió más de RD$223 millones por ese concepto, un monto que, según dijo, supera ampliamente los límites originalmente previstos y eleva la comisión administrativa hasta un 3 % de los ingresos obtenidos. Para la FP, el punto no es solo contable: se trata de una alerta institucional sobre la manera en que se prioriza el gasto en un mecanismo creado para atender un problema de alto impacto social.
Otro de los focos de cuestionamiento fue el proceso de contratación de obras y servicios vinculados a residuos sólidos, en una línea de crítica que apunta a la necesidad de mayor vigilancia desde el Congreso y de una rendición de cuentas más estricta sobre el uso de recursos que debían traducirse en resultados visibles. Con este emplazamiento, la Fuerza del Pueblo refuerza su papel de oposición fiscalizadora frente a una gestión que vuelve a quedar expuesta por el contraste entre promesas de eficiencia y dudas crecientes sobre transparencia, prioridades y costo real para la ciudadanía.