La aprobación de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, volvió a poner sobre la mesa una señal de alarma acerca de cómo el Congreso dominicano y el oficialismo están legislando desde el poder: con un discurso de regulación que, en la práctica, puede terminar impactando el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
El debate mismo deja un contraste difícil de pasar por alto. De acuerdo con el texto, congresistas del partido oficialista respaldaron un Código Penal que hoy pone en riesgo herramientas de denuncia y fiscalización pública que antes emplearon de forma amplia desde la oposición en medios digitales, radio y televisión. La interrogante que queda planteada es política e institucional a la vez: qué cambió entre reclamar libertad para cuestionar y aprobar ahora normas que podrían estrecharla.
Uno de los apartados más delicados aparece en la Sección II, dedicada a infracciones contra las personas mediante imágenes, audios y montajes. El artículo 192 fija penas de seis meses a un año de prisión menor, además de multas de uno a dos salarios mínimos del sector público, por la difusión de imágenes o audios sin consentimiento. Aunque proteger la privacidad es un objetivo legítimo, la inquietud se centra en una redacción que, como advierte el texto, no distingue con claridad entre el ejercicio profesional del periodismo, respaldado por principios éticos y normas legales, y la publicación de contenidos en redes sociales por usuarios particulares.
Ese vacío técnico no es menor. Cuando una ley combina la necesidad de frenar excesos con disposiciones que podrían alcanzar a medios y periodistas, el costo social deja de ser abstracto: se compromete el derecho ciudadano a estar informado y se debilita una función esencial de control sobre el poder. Lejos de cerrar la discusión, la Ley 74-25 refuerza la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas a un Congreso que, según la propia crítica recogida, vuelve a exhibir falta de visión en un tema central para la institucionalidad democrática.